Javier DE LUCAS MEDITERRÁNEO: EL NAUFRAGIO DE EUROPA Valencia: Tirant Humanidades. 2016. 167 pp.

La crisis de refugiados que afronta Europa desde 2015 ha sido considerada por la Comisión Europea como “la mayor crisis migratoria existente en el continente desde la Segunda Guerra Mundial”. Desmentir esta afirmación es el primer objetivo que persigue la obra de Javier de Lucas, reconocido experto en políticas migratorias y derechos humanos.

El catedrático de Filosofía del Derecho fundó el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia en 2005, con el objetivo de promover la reflexión, el diálogo y el compromiso con los derechos humanos, en particular con los de los grupos más vulnerables. Asimismo, en 2008 fue nombrado presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, labor que desempeñó hasta 2009.

Esta obra, prologada por Sami Naïr, que presenta años después trata de mostrar al lector el fracaso de la Unión Europea ante la gestión de la crisis de refugiados, como así explicaba el autor en una entrevista: “Si la UE es algo más que un proyecto de mercado para establecer beneficios comunes, si también es un proyecto político presidido por la noción de Estado de Derecho, hay que decir alto y claro que lo primero que ha naufragado en esta crisis (…) es la cultura jurídica del respeto a los derechos humanos”.

El primer problema, de acuerdo con el jurista, es que “las autoridades europeas se empeñaban en ignorar una transformación fundamental en las características de los movimientos de personas que tratan de alcanzar suelo europeo: su carácter “mixto”, esto es, que no se trata solo de inmigrantes, sino cada vez más de refugiados”. Una reflexión que se apoya, por un lado, en las palabras del director adjunto de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX): “Más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de protección internacional”. Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunciaba un año antes de la publicación de esta obra que nos encontrábamos ante “la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial”.

Según datos publicados por la cadena BBC, en diciembre de 2015 más de un millón de personas había entrado en Europa, de las cuales, 942.400 solicitó asilo político, mientras que la cifra de migrantes que había muerto en el intento de llegar a tierra firme ascendía ya a más de 3000.

Es por ello que de Lucas concibe el Mediterráneo como la “frontera más peligrosa del planeta”, una idea que sigue siendo válida actualmente, pues en lo que llevamos de 2019 han fallecido más de 500 personas en su intención de llegar a Europa. Unas cifras que, en palabras de Camacho (2019), se sitúan “muy por encima de las que se dan en zonas con mayor flujo migratorio, como la frontera entre Estados Unidos y México”.

Frente a todo esto, se destaca la inoperancia de las instituciones europeas que centran sus políticas migratorias en proteger las fronteras en lugar de salvar vidas humanas.

Las respuestas de la Unión Europea (UE) ante esta crisis de refugiados pecan, para el autor, de cuatro desenfoques: la insistencia en que las operaciones de rescate y salvamento producen el tan manido “efecto llamada”, la identificación de las mafias de tráfico y explotación de personas como problema central a resolver, la ausencia de un sistema europeo común de asilo; y la “obsesión” de los países miembros de la UE por establecer equilibrios entre las necesidades laborales y los flujos demográficos, conforme a lo cual, según critica el experto, “solo se debe dejar venir a los que consideremos estrictamente necesarios”.

Sin embargo, Javier de Lucas decide ir más allá de la reflexión y la denuncia, y expone en estas páginas una serie de propuestas de mejora de las anteriores premisas.

Se parte del principio de que la UE debe responder conforme a Derecho al cumplimiento de deberes jurídicos relativos a la garantía de dos derechos básicos: el derecho a la vida y el derecho al asilo de los refugiados, lo que según Tena (2018) significa que “rescatar a personas cuya vida peligra en el mar no es una cuestión de caridad, sino que se trata de una obligación fundamentada en el ius conservandi, es decir, el derecho fundamental del ser humano es el derecho a preservar su propio ser, que vence a cualquier otro que se le oponga, como el de los Estados a proteger sus fronteras”.

De esta forma, de Lucas entiende que el objetivo prioritario de las políticas migratorias de la UE debería ser “que no se pierdan más vidas” y se deroguen aquellas leyes que sancionen a personas por asistir a otras en el mar. Un claro ejemplo constituye el caso de Carola Rackete, capitana del barco Sea Watch 3, que fue detenida hace unas semanas por atracar sin autorización en el puerto de Lampedusa con 40 migrantes a bordo.

El escritor también apuesta por restablecer las garantías necesarias para hacer efectivo el derecho de asilo en la UE mediante, por ejemplo, una revisión urgente del programa de Dublín. De acuerdo con ACNUR (2018), este sistema, cuyo fin consiste en determinar qué estado miembro de la UE se hace cargo de cada solicitud de asilo realizada por una persona en suelo europeo, no garantiza en todos los casos los derechos de los solicitantes. Según la organización: “No en todos los casos se da un proceso justo y equitativo a la hora de determinar el país de asilo, los plazos pueden alargarse durante más de un año y no siempre se actúa según la voluntad de los solicitantes”.

El protagonismo que el autor otorga al refugiado, presente de una manera u otra a lo largo del libro, es lo que para Cascante (2015) distingue esta obra: “De Lucas no se queda en las cuestiones jurídicas o filosóficas, sino que se adentra en los sujetos de la inmigración, en sus razones, analizando cómo ponderan los riesgos que asumen y los aspectos que son necesarios para poder entender la situación en su conjunto”.

En este sentido, el autor es firme al considerar que la crisis de refugiados que afronta Europa constituye un verdadero test sobre los derechos humanos que lanza a todos los ciudadanos europeos: “¿Somos capaces de reconocer y garantizar a quienes no son ciudadanos, no al menos de un Estado fuerte respecto del cual nos interese un principio de reciprocidad de trato? ¿Tomamos en serio (…) los derechos humanos de quienes solo nos pueden decir que existen, que están ahí aunque nos resulten invisibles?”.